Animal Político; Amenazan de muerte a investigadores en Sonora

AGOSTO 2, 2013

El miércoles pasado, a través de mi Facebook, me enteré que Ramón Martínez Coria, un colega (etnólogo egresado de la ENAH), y Armando Haro Encinas, investigador del Colegio de Sonora, habían recibido serias amenazas de muerte. Su “delito”, ser asesores de la tribu guarijía de Sonora, en la negociación por la construcción de una presa en su territorio. También están siendo hostigadas Cinthia Moroyoqui Aldama y Yaneth Lara Hernández, investigadoras de la UNAM que están en la zona. Me puse a indagar sobre el asunto, pues me pareció muy serio y me extrañó que no hubiera salido nada en la prensa (salvo en la local); conseguí algunos documentos y me comuniqué con Ramón Martínez.

Muy en síntesis, lo que sucede es lo siguiente: el gobierno de Sonora tiene ya listo todo para iniciar la construcción de la presa Bicentenario en Los Pilares, a 104 km de Navojoa, en el municipio de Álamos, pero esta obra afecta a los guarijíos, pueblo indígena que habita en la zona. El año pasado, se llevaron a cabo una serie de reuniones entre las asambleas de las comunidades y representantes del gobierno estatal, y el 12 de noviembre se firmó un documento en el que se acordó, en resumen, que continuarían el diálogo y la consulta, para lo cual el gobierno del estado debía entregar una copia del proyecto oficial de la presa al pueblo guarijío, para que lo pudiera analizar, pues hasta ese momento no lo conocía. En todo este proceso participaron Haro y Martínez, entre otros asesores de la tribu guarijía, a petición de la misma, así como personal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de otras dependencias. Hasta la fecha no les han entregado la copia del proyecto, por lo que el proceso de consulta está estancado.

De entrada, ni el pueblo guarijío ni sus asesores están en contra de la construcción de la presa, lo que quieren es tener toda la información necesaria para poder tomar una decisión al respecto, y que se tomen en cuenta sus peticiones para la construcción. Es decir, lo que están exigiendo es que se cumpla lo estipulado en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre los derechos indígenas, y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el consentimiento libre, previo e informado (en este caso del pueblo guarijío respecto a la presa).

Según la Evaluación de Impacto Ambiental de la Semarnat, la obra afectará a nueve comunidades, de las cuales dos serán reubicadas. (Por cierto, el mismo documento menciona que previo al inicio de las obras deberá presentarse por escrito a la PROFEPA el consentimiento de la tribu guarijía para la ejecución del proyecto). Las otras siete comunidades serán afectadas en sus tierras de cultivo y en sus lugares sagrados, así como en su cotidianidad, pues cambiará considerablemente su entorno. Entre las preocupaciones que manifestaron los guarijíos en las reuniones mencionadas, estaban temas como la pérdida de sus tierras por la inundación, el peligro para los niños al cruzar la presa para ir a la escuela, la proliferación de insectos por las aguas estancadas y los consecuentes daños a la salud, la posible desaparición de plantas medicinales y, un tema muy importante para ellos por razones culturales, el panteón y sus muertos, que quedarían bajo el agua.

Hasta principios de julio los guarijíos seguían esperando el mentado proyecto para continuar con el diálogo, pero en lugar de llegarles el documento, comenzaron a ser hostigados para que firmaran el consentimiento. Según me informó Ramón Martínez y según declaró el gobernador de Makurawi (una de las comunidades afectadas) en una carta que envió a la CDI, las autoridades estatales presionaron a los gobernadores tradicionales para que firmaran, condicionándoles los apoyos gubernamentales, y recorrieron casa por casa diciéndo que “a huevo” tenían que firmar, pues de todos modos se iba a hacer la presa. Ante esto, los guarijíos llamaron a sus asesores y les pidieron que se trasladaran a su región para apoyarlos.

Fue el 20 de julio, cuando llegaron, que iniciaron las agresiones y amenazas hacia ellos y las investigadoras. Comenzaron por destruirles las llantas de los carros (el de Armando Haro y el de la UNAM) para que no pudieran trasladarse a las comunidades, y posteriormente empezaron a llegarles amenazas anónimas al celular y al correo electrónico de Haro.

Por otro lado el día 22, como no habían cedido los gobernadores tradicionales, fueron por cada uno a su casa con policías y los llevaron a Navojoa, bajo presión, a firmar. Así consiguieron cuatro de cinco firmas, que según los afectados no son válidas porque no cuentan con la aprobación de las asambleas, que son la máxima autoridad, y porque se ejerció coacción sobre los firmantes. Según declaró el Secretario de Gobierno de Sonora, Roberto Romero López, los gobernadores tradicionales sí están de acuerdo y son los priístas los que se oponen a la obra (por cierto ninguno de los asesores pertenece a ese partido).

Al recibir las amenazas los implicados informaron a la Secretaría de Gobernación y fueron incluidos en el Programa de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas que coordina dicha secretaría, por lo que recibieron protección de la policía local. Sin embargo, el miércoles por la tarde, que tenían que trasladarse al ejido Burapaco a una asamblea (alrededor de tres horas en carretera y terracerías), les retiraron la custodia y tuvieron que salir solos, ya por la noche, hasta allá.

El principal punto a tratar en la asamblea, según me comentó Ramón Martínez, sería el desconocimiento por parte de ésta de la firma de su gobernador, y su destitución. Y todo indica que lo mismo se tratará en las asambleas de las otras comunidades implicadas. Evidentemente, si esto se aprueba las firmas pierden validez, y eso es lo que temen las autoridades y aquéllos anónimos que están amenazando a los asesores.

Yo me pregunto ¿por qué en lugar de amedrentarlos no les entregan el proyecto de la presa y lo discuten, toman en cuenta sus opiniones y llegan a un acuerdo? ¿Qué hay en el proyecto que no quieren que conozcan? Los gaurijíos no se han opuesto a la obra, lo que reclaman es la legalidad del proceso, y lo que quieren es que les remplacen sus tierras, obtener beneficios de la obra y que se respete su cultura y sus zonas sagradas. ¿Acaso es mucho pedir?

Ayer por la noche recibí un breve mensaje de Martínez diciendo que lograron llegar y salir bien de la asamblea, y que la decisión en la misma fue anular el convenio firmado por el gobernador tradicional y retirarle la autoridad. Faltan otras asambleas y el proceso va a continuar, mientras tanto, no podrá iniciar la construcción de la obra, que estaba programada para estos días. Tal vez si les hubieran entregado el proyecto de la misma en enero y lo hubieran negociado, ya estaría comenzando la construcción. Ramón también me comentó que ahora tendrán protección de la policía federal.

Hay dos cosas que los amenazadores no han entendido: una, es que con o sin amenazas los asesores seguirán presentes, pues su compromiso es mayor que su miedo y, otra, que con o sin asesores los guarijíos no van a permitir que los manipulen.