Animal Político; “Sonora falsificó aval indígena a presa”: defensores amenazados

AGOSTO 6, 2013Paris Martínez (@paris_martinez)

Durante la madrugada de este lunes, los investigadores académicos Ramón Martínez Coria y Armando Haro Encinas, amenazados por asesorar a grupos indígenas guarijíos, en Sonora, arribaron a la Ciudad de México, resguardados por el protocolo federal de protección de defensores de derechos humanos, y desde aquí anunciaron: “No estamos abandonando el barco ni el territorio, nos venimos a rearticular para regresar con caballería”.

Martínez Coria, integrante del Foro para el Desarrollo Sustentable, advirtió además que las irregularidades en las que ha incurrido el gobierno estatal, para promover la construcción de la presa Los Pilares, en tierras guarijías, deberán dirimirse en tribunales, ya que incluso se ha falsificado la firma de representantes tradicionales, para dar por iniciado el proyecto.

Para que el proyecto de la presa Los Pilares se lleve a cabo, en el municipio de Álamos, se requiere la firma de cinco “gobernadores tradicionales”, la última de las cuales fue obtenida este domingo, según informó Roberto Romero López, secretario de Gobierno de Sonora. Sin embargo, denunció Martínez Coria, “esta firma fue falsificada, nos lo acaba de informar el gobernador tradicional en cuestión, que es José Romero Enríquez, y procede de San Bernardo Álamos… eso es algo que está difundiendo el gobierno estatal, como estrategia de desinformación.”

Luego de que este domingo se realizaran las asambleas en las que los pueblos guarijíos discutirían la aceptación o rechazo al proyecto hidráulico, que afectaría a nueve comunidades, dos de las cuales deberían ser reubicadas, señaló Martínez Coria, la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora pudo testificar que, para obtener el aval al proyecto, el gobierno estatal “rellenó las asambleas con gente que ni siquiera era guarijía, con gente no vinculada a sus comunidades, en un referéndum que no cumplió de ninguna manera las formas internas de los pueblos indígenas asentados en esas tierras”.

Esta estrategia desplegada durante el domingo, abundó, “derrumbó el proceso de diálogo político que exitosamente se había desarrollado en los meses previos entre las comunidades indígenas, y los tres niveles de gobierno, y que permitió alcanzar distintos acuerdos el pasado 12 de noviembre, mismos que el gobierno estatal no sólo incumplió, sino que violentó al echar mano de las peores práctica durante las asambleas, violando no sólo los sistemas internos de decisión de los guarijos, sino todo el orden constitucional.”

Por esta razón, explicó, el siguiente paso es avanzar hacia “procesos jurídicos, administrativos y judiciales, porque esto tiene que ir a tribunales. Además, pediremos que las indagatorias sobre las amenazas en nuestra contra sean atraídas por la Procuraduría General de la República, y que así se incorpore tecnología de investigación que responda aquello que, lo sabemos, no nos responderá la Procuraduría de Justicia de Sonora.”