Cimac; Gobierno de Peña excluye voz de activistas en informe sobre DH

Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DH) exhortaron a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), a incluir las observaciones de la sociedad civil en el informe que en próximos días presentará el Estado mexicano ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Organizaciones como los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria y Tlachinollan, entre otros, denunciaron que el Estado restringe la participación ciudadana en el proceso rumbo al Examen Periódico Universal (EPU) que realiza la ONU.

La misma denuncia que las organizaciones hicieron en 2008 se repite este año porque las y los defensores de DH insisten en que no hay un diálogo abierto, y argumentan que aunque se organizan foros de consulta donde los interesados pueden acudir y hacer preguntas en realidad falta un espacio de discusión bilateral sobre cada problemática.

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a través del cual se vigila el cumplimiento de las obligaciones y compromisos de los países en materia de DH, a fin de detectar los avances y los temas que deben fortalecerse. A más tardar el próximo 22 de julio México deberá entregar su informe para someterse al EPU.

En este contexto, las organizaciones civiles enviaron una carta al titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, y de la SRE, José Antonio Meade, para pedir que el Estado mexicano presente el informe a la sociedad civil y ésta a su vez pueda realizar sus observaciones.

En la carta se afirma que en el foro organizado por la SRE el pasado 10 de junio se anunció que se realizarían dos foros de consulta, pero la convocatoria y metodología no fueron adecuadas y no se presentó información sobre el proceso que seguiría el gobierno mexicano, para incorporar las recomendaciones de la sociedad civil.

Cabe recodar que en 2009 los países integrados en el Grupo de Trabajo del EPU que evaluó a México emitieron 86 recomendaciones, de las cuales tres no fueron aceptadas: erradicar el arraigo, juzgar violaciones a DH cometidas por militares en tribunales ordinarios, y revisar las leyes a fin de reformar el fuero militar.