Sin embargo; Tres dependencias del GDF y el Poder Judicial violaron los derechos de los detenidos el 1D, dice informe de la CDHDF 10 abril 2013

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En la recomendación se documentan ataques de la policía a la integridad de las personas: en seis casos se acreditó la tortura, en uno se dieron más de 200 golpes, en tres se empleó un aparato de descargas eléctricas, en otro se cometieron agresiones sexuales y en uno más se generó una lesión grave en el brazo derecho del ofendido.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) responsabilizó a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México de violar derechos humanos, de seguridad libertad e integridad personales en el operativo de seguridad desplegado por la policía capitalina el 1 de diciembre de 2012, en el marco de la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto.

Tras la investigación del caso, que involucró a 102 personas agraviadas, el organismo publicó la Recomendación 7/2013, en la que señala directamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (SGJDF), la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) como “autoridades responsables”.

De acuerdo con los reportes y actas de los visitadores de la CDHDF, en el operativo policial con el que se pretendió atajar las protestas contra Peña Nieto y los posteriores disturbios en el Centro Histórico (denominado oficialmente “Transmisión del Poder Ejecutivo Federal” y “Palacio Nacional”), se violó también el derecho a la libre manifestación y a la protesta contra 102 personas detenidas.

Por estos hechos, la CDHDF recomendó a las autoridades de la Ciudad de México modificar el protocolo de control de multitudes y publicar un mecanismo sobre la cadena de custodia de personas detenidas y los objetos e instrumentos del delito con los que se les arresta.

También pidió instaurar procesos administrativos sancionatorios a la Dirección de Inspección Policial y al Consejo de Honor y Justicia de la SSPDF. Mientras que a la PGJDF le requirió que la Fiscalía para Servidores Públicos investigue abusos de autoridad cometidos por los agentes de las SSP y personal ministerial al exceder el plazo de 48 horas para ejercitar acción penal contra los detenidos.

Al Tribunal Superior de Justicia capitalino le recomendó emitir un acuerdo del pleno de magistrados en el que se establezca la obligación de los jueces penales para hacer el control de legalidad de las detenciones y computar el plazo de 48 horas.

En conferencia de prensa, la CDHDF mostró videos y audios de conversaciones entre mandos durante el operativo del 1 de diciembre, que demuestran los criterios “arbitrarios” con que se decidieron las detenciones.

Luis González Plascencia, titular de ese organismo, destacó que durante el dispositivo se actuó “de forma desorganizada y desproporcionada” a pesar de los esfuerzos por encapsular a los manifestantes.

En la recomendación se documentan ataques de la policía a la integridad de las personas: en seis casos se acreditó la tortura, en uno se dieron más de 200 golpes, en tres se empleó un aparato de descargas eléctricas, en otro se cometieron agresiones sexuales y en uno más se generó una lesión grave en el brazo derecho del ofendido.

Además de esos casos, la CDHDF se encontraron otros 21 en los que se hizo uso indebido y desproporcionado de la fuerza. La Recomendación 7/2013 se desprende de la revisión y análisis de 326 actas, declaraciones, partes informativos, videos, revisiones de transmisiones de comunicación, averiguaciones previas, constancias, oficios, protocolos, informes médicos y acuerdos legales de detenidos, testigos y policías que estuvieron presentes en los enfrentamientos, además de los sucesos posteriores a la detención masiva del 1 de diciembre de 2012.

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