Apro; Critican activistas evasión del gobierno federal a cuestionamientos de CEDAW

Proceso: Apro

Sección: Nacional

7 de agosto 2012

Critican activistas evasión del gobierno federal a cuestionamientos de CEDAW

Gloria Leticia Díaz

MÉXICO, D.F. (apro).- A casi un mes de la presentación de los informes de México ante la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), representantes de organizaciones sociales reclamaron
al gobierno de Felipe Calderón su evasión a los cuestionamientos de los expertos durante la
audiencia realizada en Nueva York.

En conferencia de prensa, activistas que acudieron a la 52 Sesión del Comité CEDAW
resaltaron la preocupación de los integrantes de ese mecanismo de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en lo referente a la violencia contra las mujeres en el contexto de
combate al narcotráfico y la militarización.

Acompañadas por el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, las activistas
mostraron su indignación porque a la audiencia acudieron funcionarios “de tercera” que no
pudieron responder a los cuestionamientos de las expertas de la ONU.

Sobre las recomendaciones formuladas a México, Hernández Valencia consideró que “lo
ideal es que sean tomadas en cuenta para hacer los cambios legislativos o reformas
necesarias y se pongan en marcha antes de que en 2013 México sea sometido al Examen
Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

El representante de la OACNUDH reconoció que las expertas de la ONU se mostraron muy
consternadas por el incremento de la violencia contra las mujeres, y manifestó su confianza
en que las recomendaciones de ese mecanismo internacional sean retomadas en el plan
nacional de desarrollo de la siguiente administración, “sea la que sea”.

En su oportunidad, la coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, mencionó que los representantes del Estado
mexicano “no supieron responder cómo es que se habla de disminución de la violencia
contra las mujeres, si ni siquiera son capaces de ofrecer cifras para comparar sus dichos”.

Los representantes mexicanos, añadió, aseguraron tener documentadas 200 desapariciones
de mujeres en todo el país, cuando a través de solicitudes de información pública de nueve
estados el OCNF registró 3 mil 149 casos.

“Los números son muy claros, la discriminación contra las mujeres se ha agudizado y, para
las expertas, uno de los parámetros que lo demuestra es que los representantes tuvieron que
reconocer que de 14 mil investigaciones abiertas por violación, sólo en 2% se llegó a
sentencias condenatorias. En los casos de asesinatos de periodistas y de defensoras de
derechos humanos, no hay ni una sola sentencia”, apuntó Estrada.

De acuerdo con Martha Sánchez, coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de
Centroamérica y México, una de las preocupaciones expresadas durante la sesión por parte
de las expertas del Comité CEDAW fue la militarización de las zonas indígenas bajo el
argumento de combate al narcotráfico.

“Los representantes del gobierno negaron que México esté militarizado y que menos aún se
ejerza violencia contra las mujeres indígenas, cuando es de todos conocido los casos de
violaciones sexuales contra las mujeres, en particular las indígenas, así como la violencia
contra las comunidades de los pueblos, la violencia estructural, la criminalización que se
desata con el pretexto del combate al crimen organizado”, subrayó.

Sánchez Néstor aprovechó la oportunidad para exhortar a los ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) para que en la discusión sobre el fuero militar que se está
llevando a cabo, “retomen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
sobre los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo”, indígenas violadas por soldados
en 2002.

Destacó que las especialistas de la ONU también manifestaron su preocupación por la
indiferencia del Estado hacia “prácticas culturales nocivas dentro de los sistemas indígenas
que están basadas en el género, en roles estereotipados de hombres y mujeres –como la
figura del ‘precio de la novia’– que perpetúan la discriminación contra las indígenas”.

Yunuhen Rangel, de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), destacó que
durante la sesión del pasado 7 de julio en Nueva York, los representantes del Estado
mexicano “no pudieron demostrar con datos objetivos la disminución de los ataques y las
agresiones” a periodistas y defensoras de derechos humanos.

No se aportó información sobre las 13 periodistas asesinadas de 2005 a 2011, ni sobre los
11 homicidios de defensoras ocurridos de 2010 a 2011, casos todos que siguen en la
impunidad, añadió.

Por su parte, Ibeth Huerta, de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM,
comentó el lastre que arrastra México en materia de incumplimiento de recomendaciones
de mecanismos internacionales de derechos humanos.

De 2000 a 2011, señaló, México ha recibido mil 361 recomendaciones de 36 instrumentos
internacionales, de las cuales 314 están relacionadas con mujeres.

Entre los temas de los que surgieron observaciones a México destacan: la situación de
defensoras y periodistas, trata y explotación sexual, derechos políticos de las mujeres,
derechos reproductivos, impacto de la crisis de seguridad en las mujeres y violencia de
género, discriminación educativa y laboral, y derechos de las mujeres indígenas.