Vanguardia; Atentados contra defensores de Derechos Humanos

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Aunque hay diversas instituciones que documentan los ataques a las y los defensores de derechos humanos, como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Amnistía Internacional, y Protection Desk México, entre otras, lo cierto es que nos se lleva a cabo un reporte global y preciso de las agresiones, lo que complica y dificulta ver con claridad el panorama de los que han sido afectados.

Atentados contra defensores de Derechos Humanos
Rosa Esther Beltrán

"Nunca más indiferentes ante la injusticia y la violencia".

Centro Juan Gerardi

Recientemente elementos del Ejército, la Policía Federal y la Policía Estatal, a bordo de cinco camionetas llegaron por decenas a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C., en Torreón, y sin presentar ninguna orden judicial, sin identificarse ni solicitar permiso para ingresar, entraron y allanaron el lugar.

Los policías y militares interrogaron al personal del Centro de Derechos Humanos, por ello, los integrantes del organismo denunciaron y repudiaron la arbitraria irrupción de estas fuerzas armadas en sus instalaciones, en las que, contra todo derecho, registraron archivos y todo lo que encontraron a su paso.

Por muchos años el Centro Gerardi se ha distinguido por su defensa de los derechos humanos de los sectores más vulnerables y desprotegidos de la Región Lagunera.

Los defensores de los derechos humanos de Coahuila se solidarizaron incuestionablemente con los integrantes del Centro Juan Gerardi y exigieron que se detengan los ataques ilegales hacia la población civil de la entidad.

No es nueva esta situación de ataques y atentados en contra de los defensores de los derechos humanos en la entidad. El Centro Fray Juan de Larios y Belén Posada del Migrante los han padecido en diversas ocasiones. Fray Raúl Vera, obispo de Saltillo, también ha sido objeto de hostigamientos e informó que esas instancias han recibido 52 agresiones desde que él y el sacerdote Pedro Pantoja los fundaron en 2002; por lo que habría solicitado medidas cautelares para Posada del Migrante que administra la Diócesis a su cargo.

En julio del año pasado el señor Vera presentó una denuncia ante el Ministerio Público para documentar el hostigamiento que sufrió cuando aparecieron tres mantas en el atrio de la Catedral de Saltillo, en las se condenaba su activismo social.

En los diagnósticos que se han realizado a nivel nacional se detalla que son diversos grupos de poder los principales agresores; entre ellos estarían grupos armados, empresas privadas y hasta jerarquías fundamentalistas de las iglesias.

A pesar de que el Estado es el garante obligado a promover, proteger y garantizar los derechos humanos de los y las defensoras, con frecuencia son los propios agentes del Estado quienes actúan como cómplices de la agresiones perpetradas en contra de éstos. Lamentablemente ésta es la práctica más común; así ocurrió en el allanamiento al Centro Juan Gerardi de Torreón realizado por militares y policías.

En el contexto de militarización que se vive en Coahuila, ésta y la impunidad acentúan la trasgresión a los derechos humanos y vulneran a sus defensores, incrementando el riesgo que corren en el desempeño de su labor.

Aunque hay diversas instituciones que documentan los ataques a las y los defensores de derechos humanos, como la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, Amnistía Internacional, y Protection Desk México, entre otras, lo cierto es que nos se lleva a cabo un reporte global y preciso de las agresiones, lo que complica y dificulta ver con claridad el panorama de los que han sido afectados.

Además, no se ve que haya voluntad de las autoridades de proteger a quienes defienden los derechos humanos. Éstos más bien son vistos como “el enemigo interno”, se les desprestigia y criminaliza para reprimir o acallar las denuncias a las violaciones cometidas por los agentes del Estado.

La esquizofrenia que promueve el Estado, tanto a nivel federal como estatal y municipal, se basa en una retórica de aparente apoyo y defensa de los derechos humanos, pero no hay canales de interlocución o son muy limitados, además de que la omisión, la intimidación y la complicidad para encubrir las violaciones a los derechos, son las prácticas comunes.

Quienes critican las estrategias de Seguridad Pública implementadas por el Estado, son convertidos en enemigos y atacados abiertamente, como el Centro Juan Gerardi, o bien se les estigmatiza por mecanismos subrepticios.

Promover una cultura de la defensoría de los derechos humanos sigue siendo una urgencia que el Estado debería asumir. Es su obligación.

Estimada lectora, lector, el nuevo PRI pretende consumar su agravio a los coahuilenses y ha postulado a Fernando Donato de las Fuentes, Hilda Esthela Flores Escalera, Enrique Martínez y Morales, Jesús Mario Flores, Salomón Juan Marcos y Verónica Martínez a precandidatos a Diputados y Senadoros, así tendrán fuero contra la traición que perpetraron contra los ciudadanos coahuilenses al cambiar leyes a modo para la reestructura de la megadeuda. Señores Enrique Peña Nieto, Pedro Joaquín Crodwell ¡escuchen!. No más ofensas.

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