PROCESO 1840; Sección: La guerra de Calderón; 5 de febrero de 2012

Una nueva vida... pero en Estados Unidos

Patricia Dávila

Un grupo de sobrevivientes de la familia juarense Reyes Salazar, algunos de cuyos
miembros fueron asesinados por el Ejército, consiguieron asilo político en Estados
Unidos. El gobierno de ese país finalmente comprobó que corren peligro en México, ya
que militares y policías pretenden silenciar sus críticas y sus exigencias de justicia para
cada una de las víctimas de sus abusos.

Recibió la noticia el 23 de enero, sólo cuatro días después de que el gobierno de Estados
Unidos aprobó su solicitud de asilo. Ahora Saúl Reyes Salazar, su esposa y sus tres hijos
tienen una esperanza de vida.

En México dejan media familia: sus muertos, sepultados en el panteón del Valle de
Guadalupe, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fueron asesinados por el Ejército Mexicano a
partir de 2008, cuando invadieron el pueblo escudados en la guerra contra el narcotráfico.

Con su anuencia, el gobierno de Estados Unidos reconoció que los Reyes Salazar han sido
activistas sociales y defensores de los derechos humanos desde los años noventa. El asilo
implica también que en México la vida de esta familia es amenazada por el gobierno en su
afán de acallar sus críticas.

Entrevistado en San Francisco, California, Saúl Reyes revela la mezcla de sentimientos que
lo invadió al enterarse: "No es el proyecto de vida que tenía planeado, pero insistir en
quedarme significaba morir, abandonar mis sueños. Es verdad que la vida te quita, pero
también te da. Debía asumir la oportunidad que me estaba ofreciendo de continuar, aunque
fuera por un camino diferente. Abandoné todo. Hay que empezar, pero no importa ¡Estoy
vivo!".

Su esposa, sus tres hijos y él tenían visas estadunidenses. El 4 de abril del año pasado
decidieron abandonar México. En El Paso, Texas, se presentaron con el abogado experto en
asilos políticos Carlos Spector, quien meses antes obtuvo la aprobación de refugio para la
activista Cipriana Jurado.

En la solicitud que envió a la oficina de asilo político del Servicio de Ciudadanía e
Inmigración de Estados Unidos (USCIS), del Departamento de Seguridad Nacional, el
litigante expuso:

"Saúl Reyes y su familia tienen un miedo fundado de persecución por ser miembros de un
grupo social particular (defensores de derechos humanos). Específicamente, creen que
existe una posibilidad razonable de ser perseguidos por el Ejército Mexicano y la Policía
Federal mexicana como resultado de su activismo político desde 1998, cuando él y su
familia participaban enérgicamente en la organización de una serie de demostraciones y
protestas en contra de la Policía y del Ejército por abusos recibidos (de estos cuerpos
armados)."

Señala que ese mismo año, con otros miembros de su comunidad y activistas políticos de
los dos países, participaron en el bloqueo del Puente de las Américas, localizado entre
Ciudad Juárez y El Paso. Además, Saúl Reyes y su familia fueron miembros del grupo que
con manifestaciones y protestas lograron que en octubre de 1998 el estado de Texas
cancelara la construcción de un basurero nuclear en la Sierra Blanca.

Recuerda que "muchos de los miembros de su familia, amigos y colegas han sido
asesinados como consecuencia de su desenvolvimiento político: Julio César Reyes Salazar
(sobrino, asesinado en noviembre de 2008); así como sus hermanos: Josefina (muerta el 30
de enero de 2010), Rubén (muerto el 18 de agosto de 2010), María Magdalena y Elías
(ejecutados el 7 de febrero de 2011) y Luisa Ornelas de Reyes (cuñada, muerta el 7 de
febrero de 2011). También señala a los activistas sociales Marisela Escobedo (asesinada el
16 de diciembre de 2010), Armando Villarreal Martha (muerto el 23 de marzo de 2008) y a
Manuel Arroyo Galván (muerto el 29 de mayo de 2009)".

En su parte final, la solicitud de asilo, cuya copia tiene Proceso, es contundente: "La familia
Reyes y/o los defensores mexicanos de derechos humanos y activistas que el gobierno
mexicano no hace (por) o no puede proteger, tienen un miedo bien fundado de persecución
pasada y futura... La familia Reyes ha sido perseguida, amenazada y acosada por los
militares mexicanos por su opinión y activismo político. Miembros de la familia, colegas y
amigos han sido brutalmente asesinados...".

Finalmente, a finales de enero la USCIS le notificó que los Reyes Salazar son elegibles para
recibir asilo en Estados Unidos.

El exterminio

"Con el veredicto, Estados Unidos reconoce que existen motivos suficientes para que yo
reciba la protección de las leyes de su país, por el riesgo que corre mi vida en México. Ello,
sustentado en todos los crímenes cometidos en contra de mi familia y el riesgo latente con
que vivimos por las amenazas de muerte recibidas", explica Saúl Reyes.

En marzo de 2008, con el pretexto de combatir al narcotráfico, el Ejército empezó a
cometer abusos, saqueos, desapariciones forzadas y torturas en el Valle de Juárez.

"Ante las injusticias, apoyada por toda la familia y cientos de personas más,
mi hermana
Josefina empezó un movimiento a favor de la desmilitarización –relata Reyes–. Los
soldados allanaron su casa en varias ocasiones. En una, en agosto de 2008, el Ejército se
llevó a su hijo Miguel Ángel, acusado de pertenecer al cártel de Juárez. Lo tuvieron
desaparecido y ella exigía que se le juzgara legalmente. Al final lo soltaron.

"Un mes después, en noviembre, su hijo Julio César fue asesinado durante una boda, a 50
metros de un vehículo militar. Los soldados declararon que no vieron ni escucharon nada,
¡era imposible!"

La familia exigió la aclaración del caso y Josefina –quien durante años exigió que se
castigaran los feminicidios de Ciudad Juárez– no dudó en denunciar el crimen en instancias
internacionales. El 4 de septiembre de 2009 su hijo Miguel Ángel, El Sapo, fue detenido
nuevamente por militares, junto con Rodolfo Escajeda, El Riquín, identificado como uno de
los principales operadores de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez.

Hasta la fecha no se le ha dictado sentencia a Miguel Ángel, preso en un penal de
Tamaulipas. Saúl Reyes afirma que Josefina no quiso saber más de él: "Está el registro del
penal. No lo visitaba".

Josefina empezó a recibir amenazas. Delincuentes del Valle de Juárez repartieron volantes
para exigir que la activista abandonara el pueblo; le daban 24 horas o la asesinarían. Ella se
mudó a Juárez y siguió con su labor social hasta el 3 de enero de 2010, cuando fue
asesinada: "Por la carretera, en el ejido El Sauzal, se encontraba en su negocio de venta de
barbacoa. Varios hombres trataron de secuestrarla, ella se resistió y le dispararon".

Sus hermanos Saúl, Rubén, Elías, Marisela y Olga continuaban exigiendo al gobierno del
estado y al federal que atrajeran el caso de Josefina y de su hijo Julio para castigar a los
asesinos. Aún en duelo, el 18 de agosto del mismo año, la familia recibió otro golpe. Un
comando intentó levantar a Rubén, quien opuso resistencia. Lo ejecutaron.

"En los meses que siguieron –dice Saúl– continuamos exigiendo justicia. Elías dio una
entrevista al programa Punto de Partida, fue muy duro en sus críticas al gobierno. A los
pocos días fue secuestrado junto con su esposa Luisa Ornelas y mi hermana María
Magdalena. Ellas viajaban en una camioneta junto con mi mamá (doña Sara). Cinco
kilómetros antes de llegar a Guadalupe, una camioneta bloqueaba la carretera. Hombres
encapuchados bajaron del vehículo a Luisa, a doña Sara y a su nieta."

En la edición 1791 de Proceso doña Sara narró que le pidió a los sujetos que dejaran a Elías
y quiso sacar de la camioneta a Madgalena, pero no pudo porque estaba desmayada.
"Subieron a Luisa, cerraron la puerta y se subió uno a manejar. Nomás vimos mi niña y yo
cómo arrancaron las camionetas", contó.

Prosigue Saúl: "De ahí iniciamos un plantón frente a la Fiscalía del Estado en Ciudad
Juárez y presentamos la denuncia por desaparición forzada, pero ahí se negaron, querían
levantarla por extravío de personas. Estuvimos hasta el día 15 sin que tuviéramos ningún
resultado por parte de las autoridades. Decidimos trasladar una parte del plantón a la
Ciudad de México, frente al Palacio de Minería. Haríamos una huelga como medida de
presión. A las cuatro de la tarde anunciamos esa movilización y a las ocho incendiaron la
casa de mi mamá, que se encuentra a 80 metros de un retén militar en Guadalupe.

"Nosotros continuamos con el Plantón en Minería y acudimos a la Cámara de Senadores;
ahí nos visitó el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y le exigimos justicia. Dos días
después, un sobrino encontró los cuerpos de Elías, Luisa y María Magdalena. Estaban
torturados. Habían sido sepultados entre cal. Cuando la presión fue mucha en Chihuahua y
en la Ciudad de México, las autoridades iniciaron un rastreo. Fue cuando los desenterraron
para que pudiéramos encontrarlos."

Después la amenaza se abatió sobre ellos: "Trasladamos los cuerpos a Ciudad Juárez, fui a
identificarlos –relata Saúl–. Hicimos el servicio funerario frente a la fiscalía, los sepultamos
en el panteón de Guadalupe y, a nuestro regreso a Juárez, recibimos llamadas a nuestros
celulares, algunas provenientes del teléfono que llevaba mi hermano al ser secuestrado.
Eran amenazas de muerte, nos decían que no entendíamos, que no nos callábamos la boca,
que si continuábamos hablando seguíamos nosotros, que nos cortarían la cabeza. Las
llamadas duraron dos o tres días, pero no podíamos esperar mucho tiempo a entender el
mensaje: era muy claro lo que nos estaba pasando como para no creerlo".

La familia se refugió en la Ciudad de México. En dos meses que permanecieron ocultos no
sintieron la protección del gobierno federal: sólo les dieron un teléfono celular para que
llamaran en caso de que se sintieran en peligro. Por eso se dispersaron. Algunos están
exiliados en El Paso, otros en Oklahoma u otros lugares. "Fue el exterminio de la familia",
afirma Saúl.

En junio de ese año llegó a El Paso la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, a la que
se incorporó una de las hermanas Reyes. Días antes, el lunes 13, Saúl declaró que la
movilización encabezada por el poeta Javier Sicilia era la "caravana de la esperanza":

"Es el sueño de todos los asilados. Yo quiero volver a llevar flores a la tumba de mis
hermanos". Dos días después de su declaración, las cruces de las tumbas de sus hermanos,
su cuñada y su sobrino fueron arrancadas. Unas aparecieron tiradas cerca de un
destacamento militar y otras en un cruce vial.

Ahora, dice Saúl, "estoy en una situación en la que puedo empezar a hacer planes. Mi vida
va a cambiar totalmente. En México abandonamos las propiedades, los negocios, media
familia en el panteón... pero ahora tenemos la oportunidad de seguir adelante y de trabajar.
De una esperanza de vida diferente, pero no significa que olvidemos lo que dejamos porque
el gobierno mexicano tiene pendiente una deuda con nosotros: investigar qué sucedió. Lo
más probable es que sigan criminalizando a mi familia, conocemos al gobierno mexicano y
sabemos de lo que es capaz.

–¿De qué? –se le pregunta.

–De ensuciar la memoria de las personas, de negarse a cumplir con su compromiso de
seguridad. Y es capaz de soltar asesinos confesos, como en el caso de Rubí Frayre
Escobedo.

A diferencia de Saúl, su sobrino Jorge Reyes, el hijo de 19 años de María Magdalena –su
hermana asesinada el 7 de febrero de 2011– no tenía visa. Solicitó asilo al llegar al puente
fronterizo, pero lo retuvieron varios días. Desde que fue liberado por el abogado Spector
vive en Nuevo México a la espera de que lleguen su abuela Sara y uno de sus primos. Él
dice a Proceso que para los Reyes Salazar "escapar significó vivir".

Mexicanos en el exilio

En entrevista, se le pregunta al litigante Carlos Spector:

–Además de la aceptación de que corren un grave riesgo de quedarse en México, ¿qué
indica el que Estados Unidos le haya concedido asilo a la familia Reyes?

–Con la victoria de Saúl tenemos ganados los casos de asilo más sonados de México:
Cipriana, Mónica Arias (cuñada de Juan Manuel Escobedo, hijo de Marisela Escobedo) y
Alejandro Hernández Pacheco (reportero de Televisa). Ello nos indica que el gobierno
estadunidense acepta lo que todo mundo sabe: que el gobierno mexicano trata de silenciar
la disidencia o ignorar los ataques contra ellos, coordinándose con los cárteles.

–¿Con los cárteles?

–¡Claro! Tenemos testimonio de 30 o 40 personas que vivían en Guadalupe, quienes saben
perfectamente que el Ejército llegó a esa región para apoyar al cártel de Sinaloa, y que esta
organización se quedó con el dominio de la plaza desde que atraparon a El Riquín Escajeda.

El abogado, ante la imposibilidad de representar a todos los mexicanos que le han
solicitado promover su asilo político, eligió llevar gratuitamente los casos de los defensores
de derechos humanos y activistas sociales. Tiene acreditados 23 casos de activistas
asesinados en Ciudad Juárez, "coincidentemente" desde 2008, año en que llegó el Ejército.

"Lo vemos como una limpieza ideológica o genocidio. Con el exilio, el gobierno mexicano
espera que su activismo se acabe, que se callen, pero ellos no están dispuestos a hacerlo.
Formaron la agrupación Mexicanos en el Exilio para iniciar un movimiento de conciencia
en Estados Unidos. Estarán en Tucson y Phoenix, Arizona y Dallas.

"Saúl trabaja en California, Oregon y Washington. Posteriormente, junto con Cipriana y
Jorge Reyes, asistirán en la Universidad de Austin y con la comunidad judía para decir lo
que sucede en México, con testimonios directos de las familias afectadas. Esto se repetirá
en todo el país."

Es contundente: "¿Cómo es posible que Estados Unidos siga financiando al Ejército
Mexicano a través del Plan Mérida? Éste debe cancelarse por el papel que la fuerza
castrense ha jugado en la violación a los derechos humanos: no han tenido éxito en
disminuir la venta ni el consumo de drogas.

"Además queremos atacar el mito de que los 60 mil muertos y toda esa violencia están
relacionados con los narcotraficantes, que todos los involucrados son narcos. Ninguno de
los casos que defendemos está relacionado con la delincuencia, todos son crímenes de
Estado."