Redtdt; Boletín de prensa: Organizaciones civiles presentaron al Relator de la CIDH informes sobre la situación de los derechos humanos en México

Con motivo de la visita de trabajo de Rodrigo Escobar Gil, Relator Especial para México y Relator sobre derechos de las personas privadas de la libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien inició su agenda desde ayer y hasta el 29 de septiembre en nuestro país, organizaciones de la sociedad civil se reunieron con él a fin de plantear los temas prioritarios en materia de derechos humanos:

En el marco del contexto Nacional, resaltaron la situación en los estados de Oaxaca y Guerrero y la situación carcelaria en Chiapas.

Se subrayó la falta de cumplimiento de las emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), especialmente en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú.

Recordaron que la CIDH tiene bajo su estudio varios de los casos más paradigmáticos del país. Entre ellos está el caso de las mujeres torturadas sexualmente en San Salvador Atenco en mayo de 2006. Puesto que los recursos internos no ofrecen acceso a la justicia para las sobrevivientes, 11 mujeres han peticionado a la CIDH exigiendo justicia en el caso.

Por otro lado, se abordó el caso de los 65 mineros fallecidos en el siniestro ocurrido el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos en Coahuila. Destacaron que las y los familiares de 63 de las víctimas no han tenido acceso el rescate de los restos mortales de sus seres queridos. Se le recordó al Relator Especial que en febrero del 2010, la Sra. María Trinidad Cantú de la Organización Familia Pasta de Conchos, en representación de 235 familiares de los mineros siniestrados, asistió a la oficina de la CIDH, con el objetivo de formalizar una petición de apertura de caso contra el Estado mexicano, y denunciar las violaciones a los derechos humanos de los mineros de Pasta de Conchos además de los 235 familiares y la Organización Familia Pasta de Conchos, la petición ante la CIDH es litigada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo (CEREAL) y el Equipo Nacional de Pastoral Laboral. La CIDH en tiempo formidable, con fecha de 24 de septiembre de 2010, notificó a los peticionarios que había corrido traslado al gobierno de México sobre la petición presentada en su contra. El proceso ha transcurrido por lo que se exhortó a la CIDH, a la admisión definitiva del recurso interpuesto. Además, se informó de 61 fallecimientos posteriores a los 65 de Pasta de Conchos. 26 de ellos ocurridos durante el 2011, lo que ha configurado un cuadro sistemático y recurrente de violación a los derechos humanos. De modo que se urgió una acción decidida y expedita de la instancia interamericana.

La Comisión también está analizando la petición sometida en el caso de Alicia de los Ríos Merino, detenida-desaparecida en 1978, ejemplo emblemático de los crímenes del Estado cometidos durante la guerra sucia, por los cuales ningún servidor público ha sido sancionado.

En materia de los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (DESCA), se resaltó la situación actual de los derechos laborales, en particular la precariedad que sufren miles de trabajadoras y trabajadores en México, la situación particular de las mujeres trabajadoras y las recurrentes agresiones en contra de las personas que promueven y defienden los derechos humanos laborales y, en particular, que promueven el derecho a la libertad de asociación sindical.
Diversas organizaciones analizaron el uso sistemático de la tortura cuando el fin es arrancar confesiones falsas de personas detenidas; destacaron que el sistema de justicia penal sufre graves falencias y las violaciones al debido proceso son constantes y flagrantes por parte del ministerio público, cuyas actuaciones son posteriormente convalidadas y replicadas por la autoridad judicial.

Además se entregó un Informe sobre la situación de las personas privadas de la libertad en el que se destacó:

La situación de las personas en reclusión: sobrepoblación, prisión preventiva y derechos sexuales y reproductivos.

Mujeres en prisión: violencia sexual y tortura.

Situación de las personas privadas de libertad en las estaciones migratorias.

Situación de las personas con discapacidad mental en prisiones.

Situación de las personas privadas de libertad en psiquiátricos.

Reforma al sistema penitenciario como parte de la reforma al sistema de justicia penal.

Respecto a la situación de las personas migrantes en México, se expuso que después de la masacre de San Fernando, en la que se visibilizó la situación de secuestros misma que había sido documentada y denunciada ante instancias internacionales por diversas organizaciones, casas de migrantes y albergues, se generó un interés tanto en la sociedad como en las autoridades de los distintos niveles de gobierno y a nivel internacional.

Casos como éste, además de demostrar las terribles violaciones a derechos de las personas migrantes, constata la responsabilidad de las autoridades mexicanas ya sea por comisión, omisión y aquiescencia, y sobre todo pone en riesgo la labor de defensoras y defensores de derechos humanos.
 
Se resaltó que en los últimos dos años se han presentado distintas reformas a políticas públicas y también diseño de nuevas como la Ley de Refugio y Protección Complementaria y la Ley de Migración, en donde no se establecieron los mecanismos de participación y retroalimentación entre sociedad civil y gobierno. Actualmente con el diseño del reglamento de la ley de migración la práctica gubernamental se repite. Lejos de los procedimientos poco o nulos democráticos por parte del gobierno mexicano, continúa la preocupación por parte de la sociedad civil respecto a que la legislación actual en materia migratoria y de refugio carece de una perspectiva de derechos humanos y no deja de desasociar el tema de seguridad nacional al de migración.

Se afirmó que el cambio o diseño de políticas públicas no basta para el respeto a los derechos humanos, es necesario cambiar prácticas institucionales que eliminen la discrecionalidad, discriminación y la impunidad tanto de autoridades federales como agentes del INM, como de autoridades municipales y estatales.

Por último, se enfatizó en la necesidad de reforzar mecanismos que garanticen la seguridad y protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos. La agenda de temas también incluyó la situación de las juventudes, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los pueblos indígenas, entre otros.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos
para Todas y Todos”, conformada por 72 organizaciones a nivel nacional.